Redacción Política

El Gobierno insistirá en la emergencia económica para enfrentar la crisis en Córdoba por las inclementes lluvias a raíz de un frente frío ártico que deja hasta el momento más de 150 mil damnificados y billonarias pérdidas. El Ministerio de Hacienda tiene casi listo un decreto con nuevos impuestos temporales, no obstante, antes de expedirlo esperarían esta semana si la Corte se pronuncia sobre el primer estado de excepción que declaró en diciembre pasado o, al menos, levanta la suspensión que hizo mientras que adopta un fallo de fondo.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció ayer durante la segunda sesión del Consejo de Ministros en Montería que “se hace necesario el establecimiento de una medida de emergencia económica con la cual pueda el Gobierno acceder a recursos complementarios económicos para enfrentar estos hechos”.

Detalló que la nueva emergencia económica contempla un “impuesto a personas jurídicas de patrimonios elevados, que hemos cuantificado que más o menos correspondería a 15 mil empresas, que nos contribuirían con ingresos por cerca de $8 billones”.

Explicó que dicho gravamen tiene un criterio progresivo en patrimonios de $10.000 millones y $30.000 millones con porcentajes tributarios del 0,6 % y 1,2 %. 

En el marco del control automático que le corresponde a la Corte Constitucional a los estados de excepción que adopte el Gobierno de turno, suspendió el viernes pasado el Decreto 1390 de 2025, que declaró la emergencia económica, al acoger un auto que presentó el magistrado ponente Carlos Camargo, quien concluyó que las razones para esta medida no corresponden a hechos sobrevivientes (imprevistos), como ordena la Constitución, sino que se pueden atender por mecanismos ordinarios.

También el Alto Tribunal suspendió el decreto que bajo la sombrilla de la emergencia establece impuestos temporales, como el aumento del IVA a licores y cigarrillos del 5 al 19 %, así como incremento en 15 puntos porcentuales al impuesto de renta a las entidades financieras, entre otros.

La emergencia económica esperaba recaudar $16.3 billones, de los cuales alcanzó a recoger $1.6 billones hasta la suspensión por la Corte.

El Decreto 1390 de 2025 justifica la emergencia económica por la situación fiscal que adquirió el carácter de grave por varios hechos económicos (asegura) sobrevinientes, que pusieron en riesgo la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales; por la no aprobación por el Congreso de dos proyectos de ley de financiamiento; por desastres naturales causados por la actual ola invernal; así como por la orden de la Corte de unificar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado con el del contributivo, entre otros.

“Es una situación sobreviniente”

El Gobierno considera que la grave situación en Córdoba, así como en una parte de Sucre y del sur de Bolívar, es sobreviniente porque no hay forma de prevenir los efectos del frente frío ártico, que ha golpeado otros países como Estados Unidos y Cuba en el Caribe.

Por ello justifica la emergencia económica para obtener los cuantiosos recursos que demanda la atención de la tragedia climática en Córdoba, que implica inicialmente la fase de socorro, luego la reparación de las viviendas e infraestructura destruidas y finalmente recuperación económica de la región.

“Estos son hechos claramente sobrevinientes e impredecibles y por eso hemos considerado que, para atender esta coyuntura, se hace nuevamente necesario el establecimiento de una medida de emergencia económica con la cual el Gobierno pueda acceder a recursos complementarios con los cuales podamos enfrentar este hecho nuevo sobreviniente y excepcional que se está presentando”, dijo el ministro Ávila.

Añadió que “la decisión se adopta en un contexto fiscal complejo, luego de que el Congreso de la República hundiera la ley de financiamiento sin permitir un debate de fondo, lo que incrementó la presión fiscal y limitó la capacidad del Gobierno para tomar decisiones oportunas frente a una coyuntura económica”.

Puso también de presente el ministro que a “esto se suma la acumulación de dificultades no resueltas del ejercicio anterior, derivadas de crisis climáticas, sobrecostos en el sistema de salud, mayores demandas en seguridad y un desequilibrio fiscal que se venía profundizando”.

Habla el presidente

El presidente Gustavo Petro afirmó que si la Corte Constitucional no aprueba la emergencia económica y social se debe decretar otra.

Durante su intervención en la segunda sesión del Consejo de Ministros en Montería afirmó: “Si no nos dejan la emergencia económica, que a quién se le ocurre que en este momento no deba haber una emergencia económica, entonces nos toca decretarla otra vez, a riesgo”.

El jefe de Estado agregó que en este momento el Gobierno ya no puede utilizar los impuestos que se decretaron a través del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que establecía el impuesto a los licores, al patrimonio y creaba otros gravámenes, dictado al amparo de la emergencia económica, pero que la Corte suspendió como medida cautelar mientras se pronuncia de fondo.

“¿De dónde saldría la plata para reparar este desastre de $7 billones, $8 billones, $10 billones? Todavía no sabemos cuánto nos cuesta porque no ha terminado: no puede salir sino de los ricos”.

Sin embargo, aseguró que, “si la Corte Constitucional, en su ejercicio libre y autónomo, niega nuestra solicitud, la consecuencia inmediata es que tenemos que recortar $13 billones; menos dinero para ustedes (los gobernadores). Pero tenemos plan B”.

El plan A del Gobierno para la emergencia económica es que la Corte levante la suspensión del Decreto 1390 de 2025, que le permitiría nuevamente obtener recursos, mientras que hay un fallo de fondo, para satisfacer las necesidades que inicialmente justificó, a las que suma ahora la grave emergencia en Córdoba.

Mientras que el plan B sería declarar una nueva emergencia debido a la crisis por lluvias en Córdoba, aunque obtendría menos recursos, $8 billones frente a $16 billones de la primera, y no le permitiría atender el déficit fiscal y otras necesidades que inicialmente expuso porque los dineros tendrían destinación específica para recuperar esta región del Caribe.

Así pues, esta semana el presidente Petro ha insistido a la Corte que levante la suspensión de la emergencia económica. El lunes envió una comunicación en donde dice a los magistrados: “Les escribo desde la responsabilidad concreta de gobernar en medio de una emergencia real, que hoy no admite dilaciones ni lecturas abstractas”. Puso también en consideración “hechos nuevos, graves y sobrevinientes, que hoy cambian de manera sustancial la realidad que vive el país. Una emergencia que ya está cobrando vidas”.
 

Llamado del Ministerio Público

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado al Gobierno nacional a priorizar en Córdoba, a través de la inversión de recursos que realice, bien sea de fuentes ordinarios o de la emergencia económica, si la decreta, cuatro aspectos fundamentales:

​1. Atención oportuna a la población afectada, a través de acciones urgentes que eviten un mayor sufrimiento del ya causado por la tragedia.

2. Adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para lograr la reactivación económica de la región, con especial atención en la agricultura y la ganadería. 

3. Reparación y reconstrucción de la infraestructura básica, pública y privada, como vivienda, acueductos, vías, escuelas.

4. Se recomienda, de manera muy especial al Gobierno, poner en marcha actividades de prevención y atención en materia de salud para garantizar la salud y la vida de las comunidades.